3.4.6.- Intervención de la Fiscalía, que ordena el precintado y la custodia de los restos

La información de LD sobre la aparición de los restos del foco de Santa Eugenia provocó un gran revuelo en los medios de comunicación. Tanto es así que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, anunciaba que había dado la orden a la Fiscalía de Madrid para que iniciara una investigación. Libertad Digital lo publicaba así el 2 de marzo de 2012:

Libertad Digital halló uno de los focos de explosión del 11-M, el correspondiente al vagón del tren de Santa Eugenia. Ahora, el fiscal general del Estado ha ordenado investigar los restos de ese vagón.

 El jueves (29 de febrero) el Fiscal General solicitó diligencias al fiscal jefe de Madrid para investigar el hallazgo, y si procede a un nivel procesal, “no tendrá duda en solicitar investigación”. “Ayer solicité del Fiscal Jefe de Madrid la apertura de diligencias de investigación en relación con la noticia de la aparición de los restos ferroviarios en una empresa de Madrid, en Villaverde. Solicité que procediera a investigar los restos, su custodia, y la indagación de si procesalmente se estaba investigando”, aseguró Torres Dulce.

“Si ya existe, se archivarán las diligencias de investigación, y si no, se agotarán hasta solicitar su judicialización”, ha señalado, para recordar que el Ministerio Fiscal “tiene la obligación de llegar hasta el final en esta investigación”.

 Tras indicar que “no hay por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar nada que no sea revocar los hechos probados de la sentencia, que están ahí concretamente”, el fiscal general del Estado ha defendido la necesidad de “indagar cualquier otro término que pudiera suponer un delito de obstrucción a la Administración de justicia”. Además, Torres-Dulce ha solicitado que se proceda a investigar la existencia y la custodia de estos restos ferroviarios.

Atendiendo la orden de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Madrid ordenaba el precinto y custodia del cobertizo. El 8 de marzo, Libertad Digital lo publicaba así:

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el precinto y custodia del único foco que se conserva de las explosiones del 11-M con la intención de preservarlo. La orden ha sido dada por el fiscal Eduardo Esteban. Según ha podido comprobar Libertad Digital en las últimas horas, la Guardia Civil ha procedido a precintar el cobertizo en el que se hallan almacenados los restos correspondientes al foco de explosión del tren que estalló en Santa Eugenia el 11-M.

 Ese foco de explosión, de cuyo hallazgo daba cuenta Libertad Digital el pasado martes, es lo único que se salvó de la operación de precipitado desguace que sufrieron los trenes explosionados el 11-M, los cuales fueron achatarrados y enviados a una fundición. La única excepción fue el vagón correspondiente al tren de Santa Eugenia, que en lugar de ser desguazado fue enviado a la empresa Tafesa para su reparación. Allí, la zona correspondiente al foco de explosión fue cortada y sustituida y los restos extraídos del vagón han permanecido almacenados durante años, primero en una nave y luego en un cobertizo. Tanto la Policía, como la Guardia Civil, como Renfe, como el juez, conocían la existencia de esos restos, a pesar de lo cual no se hicieron constar en el sumario del 11-M. Tampoco consta que se informara de su existencia al tribunal del 11-M.

A los expertos independientes que participaron en la prueba pericial de explosivos ordenada por el juez Gómez Bermúdez también se les ocultó ese foco de explosión. De hecho, cuando protestaron por la escasa cuantía y entidad de las muestras que les habían sido entregadas para el análisis y pidieron ver los focos de explosión del 11-M, un responsable de la Policía Científica les contestó que todos los focos habían sido destruidos. Lo mismo contestó Renfe ante la petición de uno de los abogados defensores para ver los focos de explosión. Sin embargo, no era cierto que se hubieran destruido todos los focos del 11-M: quedaba uno almacenado en una nave de una empresa de Madrid.

Tras el hallazgo del foco de explosión por Libertad Digital, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunciaba el pasado viernes que había dado orden a la Fiscalía de Madrid para que iniciara una investigación, de cara a determinar tanto el valor probatorio de esos restos, como la posible existencia de un delito de ocultación de pruebas. El Ministerio Público ya ha abierto una investigación en las Diligencias Previas 77/2012 que previsiblemente remitirá a posteriori a un Juzgado de Instrucción de Madrid.

Ahora, el cobertizo donde esos restos están albergados, ha sido precintado por orden de la Guardia Civil, tal y como reflejan las fotografías tomadas en las últimas horas y continúa bajo la vigilancia de un agente de seguridad.

El 7 de marzo, la Guardia Civil procedía a precintar el cobertizo en el que se guardaban los restos, junto al cual se dispuso una vigilancia permanente que se mantuvo durante varios días. Más tarde la vigilancia se limitaba a la entrada de los talleres.

El 8 de marzo, el cobertizo está precintado y vigilado

El 8 de marzo, el cobertizo está precintado y vigilado

Precinto de la Guardia Civil colocado en el cobertizo

Precinto de la Guardia Civil colocado en el cobertizo

 

La vigilancia seguía el 28 de marzo

La vigilancia seguía el 28 de marzo

Entrada al taller vigilada el 16 de mayo de 2012

Entrada al taller vigilada el 16 de mayo de 2012

El 6 de junio de 2012, la fiscalía de Madrid informaba de que había decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre este asunto. El anuncio lo hizo mediante la siguiente nota de prensa:

Nota de Prensa de la Fiscalía de Madrid

Nota de Prensa de la Fiscalía de Madrid

Vemos que, tras anunciar el archivo de las diligencias, por entender que no existe indicio alguno de delito en la actuación de los propietarios de los restos (Renfe), ni de ninguno de los responsables de las empresas que participaron en su reparación, se afirma lo siguiente:

 No se ha apreciado ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos que pudiera hacer pensar en una desaparición de objetos de pruebas, al contrario, se han constatado la adopción de medidas para la conservación de dichos restos, ante la eventualidad de posibles análisis posteriores. Todo ello se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento.

Es decir, según afirma la propia fiscalía, los restos en cuestión eran objetos de pruebas que se conservaron con la idea de que ¡fueran utilizados en análisis posteriores!, lo cual habría implicado la existencia de una cadena de custodia. Pero cuando llegó la oportunidad, la necesidad incluso de hacerlo en periciales posteriores por ser los únicos restos conservados de los trenes, como fue el informe pericial conjunto Policía – Guardia Civil de 24 de junio de 2005, ni siquiera fueron mencionados por los peritos.

Además, la fiscalía dice  que la reparación del tren de Santa Eugenia y la conservación de sus restos se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento”, y esta afirmación introduce un importantísimo nuevo dato que puede ser crucial. Según esa nota, el tren de Santa Eugenia no fue devuelto a Renfe, su legítimo propietario, para que hiciera lo que quisiera con él, sino que seguía existiendo una relación entre Renfe y el juzgado, al que Renfe tenía puntualmente informado de todo lo que hacía.

Y si Renfe informaba de lo que hacía con ese tren, habrá que suponer que haría lo mismo con los otros. Es decir, que los desguaces también se harían con puntual conocimiento del juez. Por muy absurdo que parezca, el juez estaba informado de lo que se hacía con los trenes, pero cuando se pidió hacer una inspección ocular de los mismos hubo que telefonear a Renfe y preguntar dónde estaban.

El día siguiente,  7 de junio, en la inauguración del XIII Congreso Nacional de Procuradores, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, según información de la agencia EFE difundida por diversos medios, afirmó:

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación abiertas el pasado 1 de marzo sobre los restos de uno de los trenes afectados por los atentados del 11-M localizados en el almacén de una empresa de reparaciones ferroviarias al estimar que la cadena de custodia de los mismos “está perfectamente detallada”.

Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía de Madrid ha concluido que “está perfectamente detallada la cadena de custodia y que por tanto no ha habido ninguna ocultación de ese posible material probatorio” a las autoridades.

La Fiscalía, además, ha comunicado la localización de esos restos -paneles del vagón de un tren- al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó la investigación por los atentados, “simplemente para que tenga noticia el juez de su existencia y de que están debidamente custodiados y precintados para que libremente disponga de ellos“.

Es decir, que para remachar más el asunto tenemos esta oportuna aclaración del Fiscal General del Estado, quien explica que “está perfectamente detallada la cadena de custodia y que por tanto no ha habido ninguna ocultación de ese posible material probatorio.  Cadena de custodia que, como hemos visto, estaba también implícita en la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid

O sea que, según dice el Fiscal General, no sólo se informó en su momento a los órganos judiciales, es que incluso está perfectamente detallada la cadena de custodia. Y si esa cadena de custodia está perfectamente detallada, tendrá que abarcar, lógicamente, desde el 11-M hasta la desaparición de los restos. Y habrá que suponer que ese tren no sería un privilegiado, que los otros tres también contarían con una cadena similar.

Y las conclusiones que se derivan de esta revelación del Fiscal General son extraordinarias. Así de entrada, de ser cierta esa afirmación del Fiscal General, se deducirían los siguientes hechos, algunos de ellos absurdos e incompatibles con la actual verdad judicial:

A).- Ha habido una cadena de custodia del tren de Santa Eugenia y de sus restos. Por lo tanto, cuando hace tres meses fueron “descubiertos”, en realidad no se descubría nada a la policía ni al juzgado, pues los tenían perfectamente localizados por la cadena de custodia.

B) No se ve la necesidad que tuvo el juzgado de telefonear a Renfe para preguntar por los trenes cuando una de las defensas pidió que se realizase una inspección de los mismos. Bastaba con preguntar al responsable de la cadena de custodia, el cual, además, habría dado una información correcta, y no la falsedad del desguace efectuado el día 13 que dijo alguien de Renfe por teléfono.

C).- Cuando en la sentencia se dice:

En todo caso, será en la valoración de la prueba donde se determine la trascendencia de la imposibilidad que ha tenido la parte de examinar los trenes que, como consta en el rollo de Sala, fueron desguazados el 13 de marzo de 2004, lo que se comunicó a la parte por providencia de 12 de junio de 2007 

Se comete un clarísimo error. Los trenes no fueron desguazados el 13 de marzo. Incluso uno de ellos no se desguazó nunca, y todo ello se podía comprobar simplemente acudiendo a esa cadena de custodia ahora revelada.

D).- Cuando los peritos en la pericial de explosivos se quejaron de la escasez de muestras y pidieron más material, en vez de afirmar que no quedaba nada más se podía haber recurrido a los enormes restos conservados del foco de Santa Eugenia, restos perfectamente garantizados gracias a esa cadena de custodia.

E).- Así que los agentes de Policía y Guardia Civil que visitaron esos restos de Santa Eugenia en el taller de Tafesa, mientras ambos cuerpos realizaban el informe pericial conjunto sobre las explosiones, no tuvieron muchos problemas para saber que esos restos existían, pues se lo dirían los de la cadena de custodia. Lo asombroso es que no escribieran nada sobre ese asunto en su informe.

F).- Si como dijo el Supremo, los trenes explotados fueron sometidos a todas las pericias que se estimaron necesarias, tras las cuales fueron entregados a su legítimo propietario, ¿para qué más cadenas de custodia? ¿Se habían hecho realmente todas las pericias necesarias?

G).- Lo que no se entiende muy bien, es que la publicación en Libertad Digital de la existencia de esos restos fuese acogida con sorpresa, y que el Fiscal General ordenase su inmediata investigación. Si había una cadena de custodia perfectamente detallada, es que el asunto era conocido y estaba perfectamente controlado, ¿no?

H).- Si la cadena de custodia estaba “perfectamente detallada“, si se estableció esa cadena de custodia, sería por algo, algún valor probatorio tendrían esos restos, a pesar de lo cual nada se dice de ellos en el Sumario, nada dicen los agentes policiales que los visitaron por dos veces.

Como se ve, son tantas y tan graves las consecuencias que se derivarían de la existencia de esa cadena de custodia, que parece más lógico admitir que, o bien alguien había informado mal al Fiscal General del Estado, o simplemente éste se equivocó al hacer tales afirmaciones.

Y cabía pensar que el Juzgado número 6, a cuya disposición la Fiscalía puso los restos, dispondría algo al respecto, que al menos fueran a mirar qué había en ese cobertizo. Pues, como veremos más adelante, los únicos indicios de entrada en el cobertizo detectados antes de su destrucción corresponden a disimuladas violaciones de alguno de los precintos. No hay noticias de que nadie del Juzgado examinara esos restos, ni de ninguna disposición que sobre ellos tomase dicho Juzgado.

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